Por Mauricio González, director comercial de SAS México 
El impacto de la recaudación fiscal es vital para el funcionamiento económico de un país. Los gobiernos diseñan políticas en esta materia enfocadas en elevar los fondos públicos que se dedicarán al desarrollo de infraestructura, financiar programas sociales, prestar los servicios que demandan los ciudadanos y fomentar el crecimiento socioeconómico.
Las empresas, por su parte, están obligadas a cumplirlas. Al hacerlo en tiempo y forma, fortalecen su imagen pública y reducen su exposición ante penalidades que pueden alcanzar cifras millonarias, además de evitar ser incluidas en las listas de organizaciones que están bajo la mira de las autoridades fiscales (como el Sistema de Administración Tributaria, SAT).
No obstante, los índices de evasión siguen registrando aumentos (en 2017, ésta ascendió a más de $510 mil millones de dólares en México). Simulación de préstamos, sociedades fantasmas, defraudación de marca, compras/ventas ficticias y deducciones apócrifas son algunas de las prácticas en las que incurren todo tipo de organizaciones con el propósito eludir la legislación tributaria.
Los riesgos para su reputación y el negocio -sin importar su tamaño- suelen ser muy elevados. Incluso, en casos extremos, son una sentencia para salir del mercado para siempre.
En este contexto, las compañías locales y globales que aspiran a cumplir con sus obligaciones sin mermar sus finanzas, adoptar prácticas empresariales transparentes y aprovechar las leyes a su favor, están recurriendo a la optimización fiscal.
En términos llanos, este concepto apunta hacia el manejo hábil de los recursos económicos, así como al pago eficiente de impuestos.
No obstante, su planeación y aplicación requieren de una serie de factores que debe conjugarse para llevar a cabo una ejecución exitosa, comenzando por la colaboración de las áreas de Finanzas, Cumplimiento, Legal y Fiscal, Analítica y TI, entre otras.
De acuerdo con expertos, la optimización fiscal requiere conocer perfectamente cada una de las leyes fiscales que están vigentes en cada país donde una empresa opera, lo que sienta las bases para establecer un plan de negocio que esté fundamentado por la planeación estratégica y la definición de proyecciones financieras.
Específicamente, debe realizarse un análisis completo y a fondo de las transacciones que se realizan para determinar cuáles pueden deducirse de acuerdo con las leyes fiscales.
Con esto, se gestionarán los plazos en el pago de impuestos, aprovechando todos los beneficios que ponen a su alcance las autoridades hacendarias. Para esta tarea, es esencial asesorarse con un experto en materia fiscal que tenga un profundo entendimiento de las leyes locales y globales vigentes.
En este punto converge también el uso de herramientas analíticas diseñadas especialmente para procesar datos tributarios, lo cual contribuye en gran medida a conocer el estatus real de los ingresos de una empresa, hacer el cálculo efectivo de los impuestos y, con base en el entorno fiscal, tomar decisiones inteligentes que no sólo contribuyan al cumplimiento, sino también a mejorar el desempeño del negocio y definir la estrategia actual y futura.
De igual forma, los insights obtenidos a través de la analítica permiten aplicar modelos y hacer consultas más sofisticadas a fin de comprender qué áreas y prácticas de negocio pueden afectar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
El nivel de inteligencia que se logra en este sentido, elimina mucha de la vulnerabilidad a la que están expuestas las organizaciones en el momento de declarar sus ingresos, evitando así penalizaciones costosas y poner en juego su reputación y rentabilidad.
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